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Redacción 3i/Agencias 28-07-2008 Nacional

Según el abogado defensor de R.G.A., "Resulta lamentable que las autoridades españolas den la mínima credibilidad a documentos colombianos de dudoso origen y más que dudosa solidez probatoria, máxime procediendo del fiscal general colombiano Mario Iguaran, repetidamente señalado como vinculado al paramilitarismo y responsable de la sistemática impunidad en que quedan en Colombia los crímenes contra la población civil”.
En la tarde de ayer, domingo 27 de Julio, quedó en libertad provisional bajo fianza Remedios García Albert, detenida el día anterior en San Lorenzo del El Escorial (Madrid) en una operación conjunta de la policía española y colombiana contra los presuntos responsables de las FARC en Europa.
La detención de R.G.A. se produjo bajo la acusación de un delito de “integración en banda armada”, acusada de ser la responsable de las FARC en Europa, así como de estar integrada en la estructura de esta organización.
La detención se produjo a instancias de las autoridades colombianas, concretamente del fiscal Mario Iguaran, con base en unos supuestos correos electrónicos encontrados en el ordenador del ex responsable de relaciones internacionales de las FARC Raúl Reyes, muerto el pasado mes de marzo en un ataque del ejército colombiano contra territorio ecuatoriano.
R.G.A. se ha desempañado desde 1.998 como técnico de OSPAAAL, ONG española cuyo objeto social es la búsqueda de la paz y la resolución negociada de conflictos aplicando los principios del Derecho Internacional Humanitario, debido a lo cual mantuvo constantes contactos con las partes involucradas en el conflicto colombiano. Igualmente, R.G.A. es una destacada activista de la solidaridad internacional, habiendo realizado numerosas actividades de defensa de los derechos humanos de las victimas de los conflictos del Sahara Occidental, Palestina o Irak entre otros.
En la mañana del domingo 27 de julio , sin que la policía española utilizara más que un día de los cinco que la legislación antiterrorista le autoriza a mantener a la detenida bajo su custodia, fue puesta a disposición de la Audiencia Nacional, concretamente del Juzgado Central de instrucción nº 5, a cuyo frente se encuentra el Magistrado Juez Baltasar Garzón.
Tras el interrogatorio a que fue sometida en sede judicial, estando presente el fiscal y el abogado defensor Enrique Santiago, el juez rebajó la acusación a un delito de “colaboración con banda armada”, procediéndose a realizar la vista judicial que decide sobre la situación personal del imputado.
En la celebración de la vista el fiscal solicitó que se acordara prisión provisional eludible bajo una fianza de 20.000 euros, mientras que la defensa solicito la libertad de la imputada, subsidiariamente la imposición de una medida cautelar no pecuniaria –atendiendo a la situación económica de la imputada, trabajadora de escasos recursos y sin patrimonio personal- y subsidiariamente, ante la reducción de la fianza solicitada por la fiscalía hasta una cantidad proporcionada a la capacidad económica de la imputada.
Finalmente el Juzgado Central de instrucción nº 5, tras establecer que podría tratarse de un posible delito de “colaboración con banda armada”, acordó la puesta en libertad de la detenida, decretando prisión provisional eludible bajo una fianza de 12.000 euros que deberá ser depositad en siete días, y en caso de no ser depositada, con la obligación de ingreso en prisión.
Tras ser puesta en libertad R.G.A. su abogado defensor, Enrique Santiago, declaró:
“ Se trata de una actuación más de las autoridades colombianas en el marco de la estrategia personal de Álvaro Uribe de criminalizacion de aquellos que defienden una salida negociada a un conflicto, el colombiano, que dura desde principios del S. XX, una política de criminalizacion que alcanza tanto a los gobiernos latinoamericanos que han jugado un papel de mediación en el conflicto, como a los dirigentes políticos y sociales colombianos que han trabajado pro el acuerdo humanitario y a todas las organizaciones, colombianas e internacionales, que han defendido la aplicación de los principios del Derecho Internacional Humanitario al conflicto colombiano, incluido el reconocimiento del estatuto de beligerancia a todas las partes implicadas y la obligación de éstas de actuar conforme al derecho internacional respetando especialmente a la población civil y víctimas del conflicto”
“El trato dado a R.G.A. por la policía española ha sido muy correcto y respetuoso, resultando lamentable que las autoridades españolas den la mínima credibilidad a documentos colombianos de dudoso origen y más que dudosa solidez probatoria, máxime procediendo del fiscal general colombiano Mario Iguaran, repetidamente señalado como vinculado al paramilitarismo y responsable de la sistemática impunidad en que quedan en Colombia los crímenes contra la población civil”.
“Tras el 11-S y la posterior política de restricción de las libertades civiles y públicas que invade el planeta, todos los defensores de la paz y la resolución negociada de los conflictos en estricta aplicación de los principios del Derecho Internacional Humanitario corren el riesgo de ser criminalizados, como ya está haciendo el gobierno colombiano con toda la comisión de autoridades que intervinieron en el último intento de intercambio humanitario de rehenes de las FARC y presos del estado colombiano. Los hechos imputados a R.G.A. son claramente una criminalizacion gratuita de las actuaciones de búsqueda de la paz, de los compromisos de actuación humanitaria dentro del conflicto y de los esfuerzos por poner en contacto a las partes implicadas. Cada vez aparece más difusa la línea separadora entre las prácticas dialogadas para la resolución de conflictos y la “colaboración” con organizaciones terroristas, tendencia que de seguir así provocará más temprano que tarde que nadie esté dispuesto en el planeta a realizar tarea alguna de mediación o interlocución para la resolución conflictos armados”
R.G.A., ante la ausencia de medios económicos y la multitud de muestras de solidaridad y apoyo, ha hecho público un número de cuenta para afrontar el pago de la fianza que tiene que depositarse antes de siete días en la Audiencia Nacional. Los ingresos deberán realizarse a nombre de Remedios García Albert con el concepto “Pago fianza”.
Nº Cuenta: 2038 1969 67 3000193165