Participan SOBER, LAS NIÑAS, MAREA, BARRICADA, REINCIDENTES, PORRETAS, SOZIEDAD ALKOHOLIKA, OFUNKILLO, BERRI TXARRAK, DIKERS, NARCO, SEN, HABEAS CORPUS y PENADAS POR LA LEY, además de varios actores.
Libros de texto gratis en el CSOA La Fábrika.
Mercado de trueque: Se recogeran libros durante septiembre de lunes a viernes de 18:30 a 21:30, en buen estado y con menos de tres años de antigüedad.
Se abre el mercado gratis: Los domingos de 17:00 a 19:00 durante el mes de septiembre.
para más información: www.csolafabrika.org
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Con la vuelta de las vacaciones la Fábrika ha vuelto a sacar un cartel con las actividades de septiembre.
Pascual Serrano
La Epoca
El resultado del referéndum revocatorio en Bolivia, donde el presidente Evo Morales ha salido con un triunfo arrollador recogiendo más del sesenta por ciento de los votos sirve, una vez más, para mostrar el divorcio entre los ciudadanos de la comunidad internacional y los sectores oligárquicos mundiales que controlan gobiernos y medios de comunicación.
Entre estos últimos, el doble rasero que aplican a las ínfulas independentistas queda en evidencia sólo de pensar que esos prefectos que ignoran la institucionalidad y la legalidad, en España estarían presos y en Georgia bombardeados. Es curioso que sólo cuando se trata de enfrentar a gobiernos díscolos con Estados Unidos y la Unión Europea como en Tibet, Kosovo o ahora Bolivia encuentran apoyo o trato bondadoso. De modo que ahí tenemos a la BBC calificando de “empate” el referéndum.
Basta comparar la reacción entre el prefecto del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas Aguilera, y el presidente Evo Morales. Mientras éste último anunciaba una convocatoria “a todas las autoridades para buscar consensos (...) respetando las normas existentes, respetando las leyes vigentes”, el prefecto de Santa Cruz, tras conocer los resultados del referéndum, calificó al Gobierno de “insensible, totalitario, masista, incapaz, le niega el desarrollo al pueblo y sólo busca concentrar el poder y convertirnos en mendigo de él”. A continuación definió la democracia boliviana como "dictadura" y como "tirano" al presidente ratificado en su cargo con un porcentaje sin precedentes en la democracia boliviana. Anunció la creación de una policía departamental y un sistema de recaudación propio, es decir, apropiación de los recursos y fuerzas de seguridad subversivas. Un golpe de Estado. Desde Cochabamba, el opositor prefecto que perdió allí el revocatorio, el ex militar Manfred Reyes Villa, declaró que no acata el resultado y que espera el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Un tribunal que no existe en la actualidad. Segundo golpe de Estado.
Pero la principal reflexión que se nos ocurre tras este referéndum ratificatorio, es idéntica a la que sentimos cuando en 2004 lo convocó y ganó Hugo Chávez en Venezuela: la conclusión de que sólo los gobiernos de izquierda son capaces de preguntarle a la ciudadanía si desean seguir con ellos al frente o revocarlos. Es como si estos gobiernos, calificados peyorativamente de “populistas” cuando no de “dictaduras”, debieran de aplicar un plus de urnas y votos para legitimarse. No hay ninguna duda, la izquierda debe volver a pasar por unas elecciones a los dos años en lugar del final de la legislatura, debe soportar a una oposición financiada con dinero estadounidense, debe sortear a unas empresas multinacionales que participan en política apoyando a los sectores neoliberales que les conceden privilegios y debe encajar la conspiración constante de independentismos golpistas sin condena internacional.
Comparemos por un momento con los países donde venció la derecha económica, como México o Perú. Su victoria electoral no la ponen en cuestión los grandes medios de comunicación ni los países ricos y poderosos a pesar del cúmulo de irregularidades que pudo haber en las elecciones, recordemos el caso mexicano. El opositor progresista ha sido invisibilizado en la agenda informativa de todo el mundo, ni López Obrador ni Ollanta Humala tienen un lugar en nuestra prensa o televisión. Las movilizaciones opositoras son igualmente ignoradas, a pesar de que son frecuentes y masivas en estos países. Es lo que yo llamo la política de silencio/portada. Silencio para los países gobernados por las derechas económicas para que apliquen sus políticas neoliberales sin ser molestados y con unas movilizaciones y protestas laminadas de los grandes medios; y portada constante para los países con gobiernos progresistas con una imagen constante de provisionalidad, crisis y desestabilización.
La conclusión es clara, la izquierda no solamente debe ganar unas elecciones cada cuatro o seis años para gobernar, debe defenderse de las conspiraciones separatistas, empresariales, mediáticas e imperialistas. Y mientras se bate contra todas ellas, debe ir avanzando hacia la consecución de un poder que no le viene dado por las urnas, puesto que todos sabemos que tener un gobierno no es lo mismo que tener el poder.
Pero no todo debían ser desventajas. Los gobiernos dignos y progresistas de América Latina cuentan con un clamor de apoyos y entusiasmos en todo el mundo, sabedores desde todos los continentes que representan la mayor esperanza de enfrentamiento al saqueo y la guerra que están llevando Estados Unidos y sus aliados por todo el globo. En un suburbio de Nueva Delhi, en un campo de refugiados palestinos en Gaza, en los pueblos del sur del Líbano, en un centro cultural del cinturón industrial de Madrid o en un campamento del Frente Polisario en Argelia, saben quién es Evo Morales, Hugo Chávez y Fidel Castro y que las luchas de esos gobernantes son las mismas que las de ellos, sin kilómetros que les separen en la búsqueda de un mismo sueño.
www.pascualserrano.net
La Epoca
El resultado del referéndum revocatorio en Bolivia, donde el presidente Evo Morales ha salido con un triunfo arrollador recogiendo más del sesenta por ciento de los votos sirve, una vez más, para mostrar el divorcio entre los ciudadanos de la comunidad internacional y los sectores oligárquicos mundiales que controlan gobiernos y medios de comunicación.
Entre estos últimos, el doble rasero que aplican a las ínfulas independentistas queda en evidencia sólo de pensar que esos prefectos que ignoran la institucionalidad y la legalidad, en España estarían presos y en Georgia bombardeados. Es curioso que sólo cuando se trata de enfrentar a gobiernos díscolos con Estados Unidos y la Unión Europea como en Tibet, Kosovo o ahora Bolivia encuentran apoyo o trato bondadoso. De modo que ahí tenemos a la BBC calificando de “empate” el referéndum.
Basta comparar la reacción entre el prefecto del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas Aguilera, y el presidente Evo Morales. Mientras éste último anunciaba una convocatoria “a todas las autoridades para buscar consensos (...) respetando las normas existentes, respetando las leyes vigentes”, el prefecto de Santa Cruz, tras conocer los resultados del referéndum, calificó al Gobierno de “insensible, totalitario, masista, incapaz, le niega el desarrollo al pueblo y sólo busca concentrar el poder y convertirnos en mendigo de él”. A continuación definió la democracia boliviana como "dictadura" y como "tirano" al presidente ratificado en su cargo con un porcentaje sin precedentes en la democracia boliviana. Anunció la creación de una policía departamental y un sistema de recaudación propio, es decir, apropiación de los recursos y fuerzas de seguridad subversivas. Un golpe de Estado. Desde Cochabamba, el opositor prefecto que perdió allí el revocatorio, el ex militar Manfred Reyes Villa, declaró que no acata el resultado y que espera el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Un tribunal que no existe en la actualidad. Segundo golpe de Estado.
Pero la principal reflexión que se nos ocurre tras este referéndum ratificatorio, es idéntica a la que sentimos cuando en 2004 lo convocó y ganó Hugo Chávez en Venezuela: la conclusión de que sólo los gobiernos de izquierda son capaces de preguntarle a la ciudadanía si desean seguir con ellos al frente o revocarlos. Es como si estos gobiernos, calificados peyorativamente de “populistas” cuando no de “dictaduras”, debieran de aplicar un plus de urnas y votos para legitimarse. No hay ninguna duda, la izquierda debe volver a pasar por unas elecciones a los dos años en lugar del final de la legislatura, debe soportar a una oposición financiada con dinero estadounidense, debe sortear a unas empresas multinacionales que participan en política apoyando a los sectores neoliberales que les conceden privilegios y debe encajar la conspiración constante de independentismos golpistas sin condena internacional.
Comparemos por un momento con los países donde venció la derecha económica, como México o Perú. Su victoria electoral no la ponen en cuestión los grandes medios de comunicación ni los países ricos y poderosos a pesar del cúmulo de irregularidades que pudo haber en las elecciones, recordemos el caso mexicano. El opositor progresista ha sido invisibilizado en la agenda informativa de todo el mundo, ni López Obrador ni Ollanta Humala tienen un lugar en nuestra prensa o televisión. Las movilizaciones opositoras son igualmente ignoradas, a pesar de que son frecuentes y masivas en estos países. Es lo que yo llamo la política de silencio/portada. Silencio para los países gobernados por las derechas económicas para que apliquen sus políticas neoliberales sin ser molestados y con unas movilizaciones y protestas laminadas de los grandes medios; y portada constante para los países con gobiernos progresistas con una imagen constante de provisionalidad, crisis y desestabilización.
La conclusión es clara, la izquierda no solamente debe ganar unas elecciones cada cuatro o seis años para gobernar, debe defenderse de las conspiraciones separatistas, empresariales, mediáticas e imperialistas. Y mientras se bate contra todas ellas, debe ir avanzando hacia la consecución de un poder que no le viene dado por las urnas, puesto que todos sabemos que tener un gobierno no es lo mismo que tener el poder.
Pero no todo debían ser desventajas. Los gobiernos dignos y progresistas de América Latina cuentan con un clamor de apoyos y entusiasmos en todo el mundo, sabedores desde todos los continentes que representan la mayor esperanza de enfrentamiento al saqueo y la guerra que están llevando Estados Unidos y sus aliados por todo el globo. En un suburbio de Nueva Delhi, en un campo de refugiados palestinos en Gaza, en los pueblos del sur del Líbano, en un centro cultural del cinturón industrial de Madrid o en un campamento del Frente Polisario en Argelia, saben quién es Evo Morales, Hugo Chávez y Fidel Castro y que las luchas de esos gobernantes son las mismas que las de ellos, sin kilómetros que les separen en la búsqueda de un mismo sueño.
www.pascualserrano.net
El grupo municipal Izquierda Unida - Los Verdes han denunciado que el equipo de gobierno ha pedido que abandonen el despacho que tenia toda la oposición ( PSOE,UNPA y IU-LV ) porque se va incorporar un nuevo trabajador.
Segun este grupo municipal " en varias ocasiones este grupo municipal ha denunciado la situación en que la hemos estado trabajando ( sin ordenador, con un teléfono con cinta aislante, en un despacho donde no entrabamos todos los concejales de la oposición , con un panel tapiando nuestra ventana... ).
Ademas recordemos que a diferencia de otros Ayuntamientos los grupos municipales en Alpedrete no reciben ninguna cantidad económica para realizar su labor.
Y ahora se nos pide que abandonemos este despacho sin presentarnos ninguna alternativa para poder ejercer nuestro trabajo en el Ayuntamiento ".
Para IU-LV " esta medida es un ejemplo mas de la falta de participación dentro de un Ayuntamiento donde la Alcaldesa denigra con su política antidemocratica a los concejales de la oposición que también representamos a los vecinos de Alpedrete".
Mas información en :
http://www.grupomunicipaliu-lv.blogspot.com/
Segun este grupo municipal " en varias ocasiones este grupo municipal ha denunciado la situación en que la hemos estado trabajando ( sin ordenador, con un teléfono con cinta aislante, en un despacho donde no entrabamos todos los concejales de la oposición , con un panel tapiando nuestra ventana... ).
Ademas recordemos que a diferencia de otros Ayuntamientos los grupos municipales en Alpedrete no reciben ninguna cantidad económica para realizar su labor.
Y ahora se nos pide que abandonemos este despacho sin presentarnos ninguna alternativa para poder ejercer nuestro trabajo en el Ayuntamiento ".
Para IU-LV " esta medida es un ejemplo mas de la falta de participación dentro de un Ayuntamiento donde la Alcaldesa denigra con su política antidemocratica a los concejales de la oposición que también representamos a los vecinos de Alpedrete".
Mas información en :
http://www.grupomunicipaliu-lv.blogspot.com/
El nueve de Agosto acaba el plazo de alegaciones al informe de impacto medioambiental del Hospital en la Chopera
Sputnik
El próximo sábado nueve de Agosto termina el plazo para presentar alegaciones al informe de impacto ambiental sobre la construcción del hospital comarcal en La Chopera de Collado Villalba.
Varios grupos como Izquierda Unida de Collado Villalba y el colectivo vecinal Salvemos la Chopera ya han mostrado su intención de presentar alegaciones.
Santiago Grande ( portavoz de Salvemos la Chopera ) mostró su oposición a hacer el hospital en este lugar en el programa de Sputnik.
Para Santiago Grande " las alegaciones van destinadas en hacer ver a los técnicos que La Chopera es un lugar con importante valor medioambiental y que la posible construcción del hospital público va a generar una serie de males dentro del ecosistema no solo de la Chopera si no en los montes colindantes".
También quiso denunciar que " de nuevo se han hecho unas catas geológicas y se les pillo a las personas que lo estaban haciendo y abandonaron de inmediato el lugar ante la posible denuncia".
Podéis escuchar la entrevista en :
http://sputnikvillalba.blogspot.com/2008/08/programa-de-sputnik-05082008.html
El próximo sábado nueve de Agosto termina el plazo para presentar alegaciones al informe de impacto ambiental sobre la construcción del hospital comarcal en La Chopera de Collado Villalba.
Varios grupos como Izquierda Unida de Collado Villalba y el colectivo vecinal Salvemos la Chopera ya han mostrado su intención de presentar alegaciones.
Santiago Grande ( portavoz de Salvemos la Chopera ) mostró su oposición a hacer el hospital en este lugar en el programa de Sputnik.
Para Santiago Grande " las alegaciones van destinadas en hacer ver a los técnicos que La Chopera es un lugar con importante valor medioambiental y que la posible construcción del hospital público va a generar una serie de males dentro del ecosistema no solo de la Chopera si no en los montes colindantes".
También quiso denunciar que " de nuevo se han hecho unas catas geológicas y se les pillo a las personas que lo estaban haciendo y abandonaron de inmediato el lugar ante la posible denuncia".
Podéis escuchar la entrevista en :
http://sputnikvillalba.blogspot.com/2008/08/programa-de-sputnik-05082008.html
Puedes escuchar el programa de psado martes dia 5 de agosto.
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN LOGRA UNA NUEVA SENTENCIA QUE TRUNCA LAS ESPECTATIVAS ESPECULADORAS EN LOS MOLINOS
Ecologistas en Acción logra una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en este caso, contra la política especuladora del Gobierno regional.
El Tribunal considera que la Comunidad de Madrid ha incurrido en “desvío de poder y actuado ilícitamente” al no reconocer y negarse a publicar las normas de planeamiento de Los Molinos de 1991.
Ecologistas en Acción solicita a la nueva Consejera de Medio Ambiente que reconduzca a la legalidad la actividad de la Consejería que dirige Mediante Sentencia de fecha seis de junio de 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, obliga a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Los Molinos a publicar las Normas de planeamiento de 1991. La no publicación de esas normas permitió al Consejo de Gobierno aprobar, en 2007, unas Normas Transitorias que permiten construir en suelo protegido más de 1.000 viviendas.
La estrategia de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio era casi perfecta. En Los Molinos, desde 1991, existía un planeamiento que limitaba la nueva urbanización a los sectores más próximos al casco. De esta forma se protegía el piedemonte serrano y el entorno del río Guadarrama.Sin embargo, la Comunidad de Madrid quería declarar urbanizables, precisamente, el piedemonte de la Sierra, en concreto la ladera de La Peñota, (al noroeste y suroeste del casco) en plena Sierra de Guadarrama y dentro del ámbito del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN).
También le interesaban los terrenos de pastizal situados al norte del casco y próximas al río Guadarrama. Para lograr su objetivo, en 2005, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, argumentó que las normas de planeamiento de 1991 eran ilegales y que, por tanto, el plan urbanístico que había que aplicar era el de 1969, un planeamiento tremendamente desarrollista. A continuación, se subrogó las competencias municipales de planeamiento y redactó unas Normas Transitorias basadas en el Plan General de 1969. Pero se olvidó de un detalle esencial: lo que estaba haciendo, una vez más, era ilegal.
En febrero de 2006, Ecologistas en Acción recurrió la Orden del Consejero de Medio Ambiente (en ese momento Mariano Zabía) por la que se declaraba vigente el plan general de 1969 y se iniciaba la tramitación de unas nuevas Normas Transitorias basadas en ese planeamiento. La organización solicitaba, en su recurso, la anulación de la mencionada Orden y que se consideraran válidas y de aplicación las Normas de Planeamiento de 1991. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fallado anulando la Orden del Consejero de Medio Ambiente por “no ser conforme al ordenamiento jurídico” y obliga a publicar las Normas de 1991. Por tanto, las nuevas Normas Transitorias, aprobadas en 2007, tampoco pueden aplicarse porque se han aprobado en base a una Orden anulada por sentencia judicial.
Ecologistas en Acción valora esta sentencia muy positivamente, que “supone un fuerte varapalo a la política especuladora del Gobierno regional en la Sierra de Guadarrama”. Ecologistas en Acción solicita a la nueva Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Magariño que reconduzca de una vez a la legalidad y al respeto al medio ambiente la actividad de la Consejería que dirige. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article11969
El Tribunal considera que la Comunidad de Madrid ha incurrido en “desvío de poder y actuado ilícitamente” al no reconocer y negarse a publicar las normas de planeamiento de Los Molinos de 1991.
Ecologistas en Acción solicita a la nueva Consejera de Medio Ambiente que reconduzca a la legalidad la actividad de la Consejería que dirige Mediante Sentencia de fecha seis de junio de 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, obliga a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Los Molinos a publicar las Normas de planeamiento de 1991. La no publicación de esas normas permitió al Consejo de Gobierno aprobar, en 2007, unas Normas Transitorias que permiten construir en suelo protegido más de 1.000 viviendas.
La estrategia de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio era casi perfecta. En Los Molinos, desde 1991, existía un planeamiento que limitaba la nueva urbanización a los sectores más próximos al casco. De esta forma se protegía el piedemonte serrano y el entorno del río Guadarrama.Sin embargo, la Comunidad de Madrid quería declarar urbanizables, precisamente, el piedemonte de la Sierra, en concreto la ladera de La Peñota, (al noroeste y suroeste del casco) en plena Sierra de Guadarrama y dentro del ámbito del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN).
También le interesaban los terrenos de pastizal situados al norte del casco y próximas al río Guadarrama. Para lograr su objetivo, en 2005, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, argumentó que las normas de planeamiento de 1991 eran ilegales y que, por tanto, el plan urbanístico que había que aplicar era el de 1969, un planeamiento tremendamente desarrollista. A continuación, se subrogó las competencias municipales de planeamiento y redactó unas Normas Transitorias basadas en el Plan General de 1969. Pero se olvidó de un detalle esencial: lo que estaba haciendo, una vez más, era ilegal.
En febrero de 2006, Ecologistas en Acción recurrió la Orden del Consejero de Medio Ambiente (en ese momento Mariano Zabía) por la que se declaraba vigente el plan general de 1969 y se iniciaba la tramitación de unas nuevas Normas Transitorias basadas en ese planeamiento. La organización solicitaba, en su recurso, la anulación de la mencionada Orden y que se consideraran válidas y de aplicación las Normas de Planeamiento de 1991. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fallado anulando la Orden del Consejero de Medio Ambiente por “no ser conforme al ordenamiento jurídico” y obliga a publicar las Normas de 1991. Por tanto, las nuevas Normas Transitorias, aprobadas en 2007, tampoco pueden aplicarse porque se han aprobado en base a una Orden anulada por sentencia judicial.
Ecologistas en Acción valora esta sentencia muy positivamente, que “supone un fuerte varapalo a la política especuladora del Gobierno regional en la Sierra de Guadarrama”. Ecologistas en Acción solicita a la nueva Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Magariño que reconduzca de una vez a la legalidad y al respeto al medio ambiente la actividad de la Consejería que dirige. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article11969
El abogado de la española Remedios García desmonta en su recurso de apelación las acusaciones de colaboración con las FARC
Pascual Serrano
Rebelión
El abogado Enrique Santiago ha detallado a lo largo de más de 30 folios, a los que ha tenido acceso rebelión.org, los argumentos en los que basa su recurso de apelación dirigido a la Audiencia Nacional española contra la orden de detención dictada contra la técnico de cooperación Remedios García, la ciudadana española acusada de pertenecer a la guerrilla colombiana de las FARC.
En opinión de Enrique Santiago, es “carente de sentido y del todo desproporcionado, incluso desmotivado, dicho siempre en estrictos términos de defensa, la imposición de prisión preventiva eludible bajo fianza de 12.000 euros”.
Para Santiago “todos y cada uno de los elementos probatorios enunciados en el auto carecen de validez jurídica y devienen inhábiles por tratarse de una obtención de prueba ilegal, viciada en su origen al proceder de unos supuestos ordenadores de (a) Raúl Reyes respecto a los cuales no se conoce nada de su cadena de custodia hasta 10 días después de permanecer en poder de las autoridades colombianas”.
Enrique Santiago destaca que “las circunstancias en las que presuntamente se obtuvieron los elementos informáticos aparecen hechos que necesitan ser investigados: violación del espacio aéreo ecuatoriano, violación territorial, violación a los derechos humanos de los prisioneros y ejecución de heridos y prisioneros de manera extrajudicial. Debe de investigarse, por tanto, las posibles violaciones al derecho internacional y a las Convenciones de Ginebra”.
Otro elemento controvertido es la calificación judicial de organización terrorista a las FARC, recuerda el abogado que, “para considerar los tribunales españoles a las FARC como organización terrorista, será necesario que previamente un tribunal español haya establecido en sentencia firme dicho carácter de organización terrorista, lo que a fecha de hoy no ha ocurrido. Este ha sido el criterio mantenido por otros tribunales penales europeos, como es el caso de Dinamarca, donde se han juzgado delitos de colaboración con banda armada respecto a las FARC, presuntamente realizadas por personas simpatizantes de dicha organización en territorio de Dinamarca, absolviendo a los mismos de cualquier delito relacionado con el terrorismo. Y no lo es, porque si bien las FARC están incluidas en dicha lista de la U.E., ni siquiera esa consideración es seguida unánimemente por los distintos países miembros Así, las FARC no están incluidas en la lista de organizaciones terroristas que realiza y aplica el Reino Unido, ni lo están en la lista de organizaciones terroristas de las Naciones Unidas. La lista de organizaciones terroristas de la U.E. no tiene apoyo unánime en todos los países de la U.E. El gobierno noruego manifestó en 2006 que dicha lista no se va a utilizar, no va a apoyarse en ella en ningún caso”.
Respecto a los viajes de Remedios García a los campamentos donde se encontraba la llamada Comisión Internacional, el informe destaca la paradoja de que en junio del año 2.000 "se organizó en la localidad madrileña de Alcalá de Henares un encuentro entre representantes del gobierno colombiano y las FARC, encuentro organizado por la ONG OSPAAAL, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Universidad de esta ciudad", en el que Remedios “fue una de las principales responsables de la organización de dicho encuentro, desde su responsabilidad como técnico en resolución de conflictos en la ONG mencionada”.
No solamente esto, es que “los responsables de la FARC, y concretamente (a) Raúl Reyes, fueron recibidas en el Parlamento español por los portavoces de todos los grupos parlamentarios, incluido el señor Javier Ruipérez, en ese momento responsable de asuntos internacionales del grupo Parlamentario del PP en el gobierno. Previamente, en febrero de 2.000 otra delegación de las FARC, también encabezada por (a) Raúl Reyes había realizado otra gira por nuestro país y otros europeos. En una u otra visita, los representantes de las FARC fueron recibidos por los gobiernos de España, Noruega, Suiza, Suecia, El Vaticano e Italia. En nuestro país se reunieron públicamente, además de los encuentros parlamentarios ya mencionados, con representantes de la CEOE, de UGT, de CCOO y con el Presidente el Congreso, Don Federico Trillo Figueroa”.
“Mención especial –recuerda Santiago- merece la visita de (a) Raúl Reyes a la Generalitat Valenciana, encabezada en ese momento por el Sr D. Eduardo Zaplana, donde fueron recibidos con todos los honores por el gobierno autonómico en pleno”.
“Posteriormente –continúa el documento-, en Colombia en febrero de 2.002 tres candidatos presidenciales (Horacio Serpa, Ingrid Betancourt y Luís Eduardo Garzón) acudieron en medio de la campaña electoral presidencia al campamento de (a) Raúl Reyes para mantener reuniones con él. Y hasta el Presidente de la Bolsa de Nueva York, Richard Grasso, peregrinó en su día al campamento de (a) Raúl Reyes, con el cual mantuvo una calurosa reunión”. Según el abogado, Remedios García no ha hecho otra cosa que mantener “comunicaciones con los responsables de relaciones internacionales de las FARC en el marco de su trabajo de contribución a la resolución del conflicto colombiano y a los esfuerzos de aplicación del D.I.H. a dicho contexto.”
En cuanto al dinero trasladado a Europa en la cantidad de 6.000 dólares, el documento del defensor señala que “efectivamente le entregaron un dinero en su visita al campamento para que se lo hiciera llegar a una persona en Suiza -refugiado colombiano y no “representante de las FARC en Suiza como ha desmentido convenientemente el gobierno suizo- que se encontraba gravemente enferma, que debía operarse y que al carecer de seguridad social debía hacer frente al pago de la operación. Nuestra patrocinada, por tanto, actuó como hubiera hecho cualquier persona de bien, esto es, hacer llegar a un enfermo la cantidad necesaria de dinero para hacer frente a la operación, esto es, hacer frente a un estado de necesidad, sin imaginar que ese hecho podría desencadenar la detención y la puesta a disposición por un presunto delito de colaboración con banda armada”.
Santiago concluye que Remedios García ”no ha colaborado ni ayudado, ni favorecido en forma alguna a ninguna organización terrorista. A juicio de esta parte, no existe ningún hecho que revistan los caracteres de delito y todos y cada uno de los hechos contenidos en el auto”. Tampoco –añade- ”existe ningún elemento, ni indiciario ni probatorio que acredite que nuestra mandante es responsable penalmente por los hechos que se le imputan. Se le imputa un posible delito de colaboración con banda armada, y desde que fue detenida hasta que fue puesta en libertad bajo el apercibimiento de fianza, no pasaron ni 48 horas, no se le aplicó la legislación especial para detenidos por delitos terroristas y todos y cada uno de los elementos de prueba que fundamentan la acusación han sido primero explicados y corregidos por nuestra mandante y posteriormente impugnados en derecho en el presente recurso”.
Santiago también ha recordado que, según el CINEP, organismo de derechos humanos colombiano dependiente de la Compañía de Jesús, “del total de 1.670 violaciones del Derecho Internacional Humanitario reportadas en 2.007, 858 se imputan a organismos oficiales dependientes del estado colombiano (fuerzas armadas y cuerpos policiales), 5 a agentes extranjeros, 39 a combatientes sin identificar, 580 a paramilitares, 8 al ELN, 176 a las FARC y 4 a “guerrilla” sin especificar”. Por lo cual “se verifica que con mucho el mayor violador del D.I.H. en Colombia es el propio estado, seguido de organizaciones paramilitares de extrema derecha y seguido por las FARC y el ELN”.
También destaca el abogado “la vinculación entre los grupos paramilitares y el Estado colombiano lo muestra el escándalo de la parapolítica, tal y como se confirma por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la Organización de los Estados Americanos, en su octavo informe trimestral publicado en febrero de 2008, al identificar 22 nuevas estructuras compuestas por aproximadamente 3.000 integrantes; en el periodo de 12 meses concluido en junio de 2007, al menos 230 homicidios de civiles se atribuyeron a los paramilitares, ya fuera actuando por su cuenta o en connivencia con fuerzas de seguridad”.
Rebelión
El abogado Enrique Santiago ha detallado a lo largo de más de 30 folios, a los que ha tenido acceso rebelión.org, los argumentos en los que basa su recurso de apelación dirigido a la Audiencia Nacional española contra la orden de detención dictada contra la técnico de cooperación Remedios García, la ciudadana española acusada de pertenecer a la guerrilla colombiana de las FARC.
En opinión de Enrique Santiago, es “carente de sentido y del todo desproporcionado, incluso desmotivado, dicho siempre en estrictos términos de defensa, la imposición de prisión preventiva eludible bajo fianza de 12.000 euros”.
Para Santiago “todos y cada uno de los elementos probatorios enunciados en el auto carecen de validez jurídica y devienen inhábiles por tratarse de una obtención de prueba ilegal, viciada en su origen al proceder de unos supuestos ordenadores de (a) Raúl Reyes respecto a los cuales no se conoce nada de su cadena de custodia hasta 10 días después de permanecer en poder de las autoridades colombianas”.
Enrique Santiago destaca que “las circunstancias en las que presuntamente se obtuvieron los elementos informáticos aparecen hechos que necesitan ser investigados: violación del espacio aéreo ecuatoriano, violación territorial, violación a los derechos humanos de los prisioneros y ejecución de heridos y prisioneros de manera extrajudicial. Debe de investigarse, por tanto, las posibles violaciones al derecho internacional y a las Convenciones de Ginebra”.
Otro elemento controvertido es la calificación judicial de organización terrorista a las FARC, recuerda el abogado que, “para considerar los tribunales españoles a las FARC como organización terrorista, será necesario que previamente un tribunal español haya establecido en sentencia firme dicho carácter de organización terrorista, lo que a fecha de hoy no ha ocurrido. Este ha sido el criterio mantenido por otros tribunales penales europeos, como es el caso de Dinamarca, donde se han juzgado delitos de colaboración con banda armada respecto a las FARC, presuntamente realizadas por personas simpatizantes de dicha organización en territorio de Dinamarca, absolviendo a los mismos de cualquier delito relacionado con el terrorismo. Y no lo es, porque si bien las FARC están incluidas en dicha lista de la U.E., ni siquiera esa consideración es seguida unánimemente por los distintos países miembros Así, las FARC no están incluidas en la lista de organizaciones terroristas que realiza y aplica el Reino Unido, ni lo están en la lista de organizaciones terroristas de las Naciones Unidas. La lista de organizaciones terroristas de la U.E. no tiene apoyo unánime en todos los países de la U.E. El gobierno noruego manifestó en 2006 que dicha lista no se va a utilizar, no va a apoyarse en ella en ningún caso”.
Respecto a los viajes de Remedios García a los campamentos donde se encontraba la llamada Comisión Internacional, el informe destaca la paradoja de que en junio del año 2.000 "se organizó en la localidad madrileña de Alcalá de Henares un encuentro entre representantes del gobierno colombiano y las FARC, encuentro organizado por la ONG OSPAAAL, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Universidad de esta ciudad", en el que Remedios “fue una de las principales responsables de la organización de dicho encuentro, desde su responsabilidad como técnico en resolución de conflictos en la ONG mencionada”.
No solamente esto, es que “los responsables de la FARC, y concretamente (a) Raúl Reyes, fueron recibidas en el Parlamento español por los portavoces de todos los grupos parlamentarios, incluido el señor Javier Ruipérez, en ese momento responsable de asuntos internacionales del grupo Parlamentario del PP en el gobierno. Previamente, en febrero de 2.000 otra delegación de las FARC, también encabezada por (a) Raúl Reyes había realizado otra gira por nuestro país y otros europeos. En una u otra visita, los representantes de las FARC fueron recibidos por los gobiernos de España, Noruega, Suiza, Suecia, El Vaticano e Italia. En nuestro país se reunieron públicamente, además de los encuentros parlamentarios ya mencionados, con representantes de la CEOE, de UGT, de CCOO y con el Presidente el Congreso, Don Federico Trillo Figueroa”.
“Mención especial –recuerda Santiago- merece la visita de (a) Raúl Reyes a la Generalitat Valenciana, encabezada en ese momento por el Sr D. Eduardo Zaplana, donde fueron recibidos con todos los honores por el gobierno autonómico en pleno”.
“Posteriormente –continúa el documento-, en Colombia en febrero de 2.002 tres candidatos presidenciales (Horacio Serpa, Ingrid Betancourt y Luís Eduardo Garzón) acudieron en medio de la campaña electoral presidencia al campamento de (a) Raúl Reyes para mantener reuniones con él. Y hasta el Presidente de la Bolsa de Nueva York, Richard Grasso, peregrinó en su día al campamento de (a) Raúl Reyes, con el cual mantuvo una calurosa reunión”. Según el abogado, Remedios García no ha hecho otra cosa que mantener “comunicaciones con los responsables de relaciones internacionales de las FARC en el marco de su trabajo de contribución a la resolución del conflicto colombiano y a los esfuerzos de aplicación del D.I.H. a dicho contexto.”
En cuanto al dinero trasladado a Europa en la cantidad de 6.000 dólares, el documento del defensor señala que “efectivamente le entregaron un dinero en su visita al campamento para que se lo hiciera llegar a una persona en Suiza -refugiado colombiano y no “representante de las FARC en Suiza como ha desmentido convenientemente el gobierno suizo- que se encontraba gravemente enferma, que debía operarse y que al carecer de seguridad social debía hacer frente al pago de la operación. Nuestra patrocinada, por tanto, actuó como hubiera hecho cualquier persona de bien, esto es, hacer llegar a un enfermo la cantidad necesaria de dinero para hacer frente a la operación, esto es, hacer frente a un estado de necesidad, sin imaginar que ese hecho podría desencadenar la detención y la puesta a disposición por un presunto delito de colaboración con banda armada”.
Santiago concluye que Remedios García ”no ha colaborado ni ayudado, ni favorecido en forma alguna a ninguna organización terrorista. A juicio de esta parte, no existe ningún hecho que revistan los caracteres de delito y todos y cada uno de los hechos contenidos en el auto”. Tampoco –añade- ”existe ningún elemento, ni indiciario ni probatorio que acredite que nuestra mandante es responsable penalmente por los hechos que se le imputan. Se le imputa un posible delito de colaboración con banda armada, y desde que fue detenida hasta que fue puesta en libertad bajo el apercibimiento de fianza, no pasaron ni 48 horas, no se le aplicó la legislación especial para detenidos por delitos terroristas y todos y cada uno de los elementos de prueba que fundamentan la acusación han sido primero explicados y corregidos por nuestra mandante y posteriormente impugnados en derecho en el presente recurso”.
Santiago también ha recordado que, según el CINEP, organismo de derechos humanos colombiano dependiente de la Compañía de Jesús, “del total de 1.670 violaciones del Derecho Internacional Humanitario reportadas en 2.007, 858 se imputan a organismos oficiales dependientes del estado colombiano (fuerzas armadas y cuerpos policiales), 5 a agentes extranjeros, 39 a combatientes sin identificar, 580 a paramilitares, 8 al ELN, 176 a las FARC y 4 a “guerrilla” sin especificar”. Por lo cual “se verifica que con mucho el mayor violador del D.I.H. en Colombia es el propio estado, seguido de organizaciones paramilitares de extrema derecha y seguido por las FARC y el ELN”.
También destaca el abogado “la vinculación entre los grupos paramilitares y el Estado colombiano lo muestra el escándalo de la parapolítica, tal y como se confirma por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la Organización de los Estados Americanos, en su octavo informe trimestral publicado en febrero de 2008, al identificar 22 nuevas estructuras compuestas por aproximadamente 3.000 integrantes; en el periodo de 12 meses concluido en junio de 2007, al menos 230 homicidios de civiles se atribuyeron a los paramilitares, ya fuera actuando por su cuenta o en connivencia con fuerzas de seguridad”.
Cuando todavía está en periodo de información el Estudio de Impacto Ambiental sobre la ubicación del hospital, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, acudirá esta mañana a Villalba para firmar con el alcalde, José Pablo González, el convenio sobre la construcción y puesta en funcionamiento de este centro. De este modo, se materializa el protocolo rubricado hace algo más de un año por la presidenta regional, Esperanza Aguirre. Hoy, a las 11.00 horas, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, y el alcalde de Collado Villalba, José Pablo González, firmarán en el Ayuntamiento el convenio de colaboración entre ambas instituciones para la construcción y puesta en marcha del nuevo hospital en la localidad.
Según explica el Consistorio en una nota de prensa, la nueva infraestructura se regirá bajo los principios de “gratuidad y universalidad”, al igual que los restantes centros sanitarios dependientes de la Consejería, aunque no especificó si la gestión será pública o -como ocurre en los nuevos centros impulsados desde la Administración regional- privada.Con esta firma se materializa el compromiso contraído por la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, con el regidor villalbino, el 20 de marzo de 2007. En dicho protocolo se estableció que el centro contará con las siguientes especialidades quirúrgicas: general, digestiva, vascular, plástica, maxilofacial y urología. Además, también contará con las siguientes especialidades: dermatología, oftalmología, obstetricia, ginecología, pediatría y neonatología general. Otros servicios clínicos serán: medicina interna, neurología, neumología, cardiología, digestivo, endocrinología, enfermedades infecciosas, reumatología, alergología, oncología, cuidados paliativos, nefrología y geriatría.El nuevo hospital general dará servicio a una población cercana a los 200.000 habitantes, de los municipios de Collado Villalba, Galapagar, Collado Mediano, Cercedilla, Alpedrete, Los Molinos, Moralzarzal y Navacerrada.Ubicación del hospitalPese a firmar hoy este convenio, no es probable que se despeje la duda sobre su ubicación definitiva, puesto que aunque a que el Ayuntamiento remitió a la Comunidad un documento en el que señalaba los terrenos de La Chopera como los idóneos para albergar dicha infraestructura sanitaria, aún se encuentra en periodo de información pública el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto del hospital. Los vecinos pueden tramitar sus alegaciones hasta el próximo 9 de agosto. De hecho, el colectivo vecinal Salvemos La Chopera y el grupo municipal de Izquierda Unida de Collado Villalba lo harán durante estos días.Por otra parte, y en relación a los terrenos de La Chopera, vecinos y ecologistas han cursado esta semana sendas denuncias ante la Consejería de Medio Ambiente por el problema que generan los gases que emite el antiguo vertedero de Lobo Cojo, actualmente sellado. Además, los denunciantes alertan sobre los efectos nocivos que esta situación podría tener sobre los pacientes que acudiesen al futuro hospital de Collado Villalba si, finalmente, se ubicase en dichos terrenos.Según dice una de las denuncias a la que ha tenido acceso El Faro del Guadarrama, el estudio forestal de la parcela para la posible ubicación del centro hospitalario asegura que el paisaje se ha visto muy deteriorado por diversas actuaciones, señalando como causa primera el establecimiento de un vertedero, además de un Punto Limpio y canteras a cielo abierto.Los vecinos añaden en el escrito que la zona “presenta gases que habitualmente se queman, según puede verse desde las proximidades. Estos serán posiblemente metano, CO2 o tóxicos como el benceno, tricloetileno o dioxinas. El propio Ayuntamiento reconoce en diversos documentos la existencia de lixiviados procedentes del vertedero, principalmente al lado del tanatorio y la parcela colindante”.
Según explica el Consistorio en una nota de prensa, la nueva infraestructura se regirá bajo los principios de “gratuidad y universalidad”, al igual que los restantes centros sanitarios dependientes de la Consejería, aunque no especificó si la gestión será pública o -como ocurre en los nuevos centros impulsados desde la Administración regional- privada.Con esta firma se materializa el compromiso contraído por la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, con el regidor villalbino, el 20 de marzo de 2007. En dicho protocolo se estableció que el centro contará con las siguientes especialidades quirúrgicas: general, digestiva, vascular, plástica, maxilofacial y urología. Además, también contará con las siguientes especialidades: dermatología, oftalmología, obstetricia, ginecología, pediatría y neonatología general. Otros servicios clínicos serán: medicina interna, neurología, neumología, cardiología, digestivo, endocrinología, enfermedades infecciosas, reumatología, alergología, oncología, cuidados paliativos, nefrología y geriatría.El nuevo hospital general dará servicio a una población cercana a los 200.000 habitantes, de los municipios de Collado Villalba, Galapagar, Collado Mediano, Cercedilla, Alpedrete, Los Molinos, Moralzarzal y Navacerrada.Ubicación del hospitalPese a firmar hoy este convenio, no es probable que se despeje la duda sobre su ubicación definitiva, puesto que aunque a que el Ayuntamiento remitió a la Comunidad un documento en el que señalaba los terrenos de La Chopera como los idóneos para albergar dicha infraestructura sanitaria, aún se encuentra en periodo de información pública el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto del hospital. Los vecinos pueden tramitar sus alegaciones hasta el próximo 9 de agosto. De hecho, el colectivo vecinal Salvemos La Chopera y el grupo municipal de Izquierda Unida de Collado Villalba lo harán durante estos días.Por otra parte, y en relación a los terrenos de La Chopera, vecinos y ecologistas han cursado esta semana sendas denuncias ante la Consejería de Medio Ambiente por el problema que generan los gases que emite el antiguo vertedero de Lobo Cojo, actualmente sellado. Además, los denunciantes alertan sobre los efectos nocivos que esta situación podría tener sobre los pacientes que acudiesen al futuro hospital de Collado Villalba si, finalmente, se ubicase en dichos terrenos.Según dice una de las denuncias a la que ha tenido acceso El Faro del Guadarrama, el estudio forestal de la parcela para la posible ubicación del centro hospitalario asegura que el paisaje se ha visto muy deteriorado por diversas actuaciones, señalando como causa primera el establecimiento de un vertedero, además de un Punto Limpio y canteras a cielo abierto.Los vecinos añaden en el escrito que la zona “presenta gases que habitualmente se queman, según puede verse desde las proximidades. Estos serán posiblemente metano, CO2 o tóxicos como el benceno, tricloetileno o dioxinas. El propio Ayuntamiento reconoce en diversos documentos la existencia de lixiviados procedentes del vertedero, principalmente al lado del tanatorio y la parcela colindante”.
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