Pascual Serrano
Rebelión
El abogado Enrique Santiago ha detallado a lo largo de más de 30 folios, a los que ha tenido acceso rebelión.org, los argumentos en los que basa su recurso de apelación dirigido a la Audiencia Nacional española contra la orden de detención dictada contra la técnico de cooperación Remedios García, la ciudadana española acusada de pertenecer a la guerrilla colombiana de las FARC.
En opinión de Enrique Santiago, es “carente de sentido y del todo desproporcionado, incluso desmotivado, dicho siempre en estrictos términos de defensa, la imposición de prisión preventiva eludible bajo fianza de 12.000 euros”.
Para Santiago “todos y cada uno de los elementos probatorios enunciados en el auto carecen de validez jurídica y devienen inhábiles por tratarse de una obtención de prueba ilegal, viciada en su origen al proceder de unos supuestos ordenadores de (a) Raúl Reyes respecto a los cuales no se conoce nada de su cadena de custodia hasta 10 días después de permanecer en poder de las autoridades colombianas”.
Enrique Santiago destaca que “las circunstancias en las que presuntamente se obtuvieron los elementos informáticos aparecen hechos que necesitan ser investigados: violación del espacio aéreo ecuatoriano, violación territorial, violación a los derechos humanos de los prisioneros y ejecución de heridos y prisioneros de manera extrajudicial. Debe de investigarse, por tanto, las posibles violaciones al derecho internacional y a las Convenciones de Ginebra”.
Otro elemento controvertido es la calificación judicial de organización terrorista a las FARC, recuerda el abogado que, “para considerar los tribunales españoles a las FARC como organización terrorista, será necesario que previamente un tribunal español haya establecido en sentencia firme dicho carácter de organización terrorista, lo que a fecha de hoy no ha ocurrido. Este ha sido el criterio mantenido por otros tribunales penales europeos, como es el caso de Dinamarca, donde se han juzgado delitos de colaboración con banda armada respecto a las FARC, presuntamente realizadas por personas simpatizantes de dicha organización en territorio de Dinamarca, absolviendo a los mismos de cualquier delito relacionado con el terrorismo. Y no lo es, porque si bien las FARC están incluidas en dicha lista de la U.E., ni siquiera esa consideración es seguida unánimemente por los distintos países miembros Así, las FARC no están incluidas en la lista de organizaciones terroristas que realiza y aplica el Reino Unido, ni lo están en la lista de organizaciones terroristas de las Naciones Unidas. La lista de organizaciones terroristas de la U.E. no tiene apoyo unánime en todos los países de la U.E. El gobierno noruego manifestó en 2006 que dicha lista no se va a utilizar, no va a apoyarse en ella en ningún caso”.
Respecto a los viajes de Remedios García a los campamentos donde se encontraba la llamada Comisión Internacional, el informe destaca la paradoja de que en junio del año 2.000 "se organizó en la localidad madrileña de Alcalá de Henares un encuentro entre representantes del gobierno colombiano y las FARC, encuentro organizado por la ONG OSPAAAL, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Universidad de esta ciudad", en el que Remedios “fue una de las principales responsables de la organización de dicho encuentro, desde su responsabilidad como técnico en resolución de conflictos en la ONG mencionada”.
No solamente esto, es que “los responsables de la FARC, y concretamente (a) Raúl Reyes, fueron recibidas en el Parlamento español por los portavoces de todos los grupos parlamentarios, incluido el señor Javier Ruipérez, en ese momento responsable de asuntos internacionales del grupo Parlamentario del PP en el gobierno. Previamente, en febrero de 2.000 otra delegación de las FARC, también encabezada por (a) Raúl Reyes había realizado otra gira por nuestro país y otros europeos. En una u otra visita, los representantes de las FARC fueron recibidos por los gobiernos de España, Noruega, Suiza, Suecia, El Vaticano e Italia. En nuestro país se reunieron públicamente, además de los encuentros parlamentarios ya mencionados, con representantes de la CEOE, de UGT, de CCOO y con el Presidente el Congreso, Don Federico Trillo Figueroa”.
“Mención especial –recuerda Santiago- merece la visita de (a) Raúl Reyes a la Generalitat Valenciana, encabezada en ese momento por el Sr D. Eduardo Zaplana, donde fueron recibidos con todos los honores por el gobierno autonómico en pleno”.
“Posteriormente –continúa el documento-, en Colombia en febrero de 2.002 tres candidatos presidenciales (Horacio Serpa, Ingrid Betancourt y Luís Eduardo Garzón) acudieron en medio de la campaña electoral presidencia al campamento de (a) Raúl Reyes para mantener reuniones con él. Y hasta el Presidente de la Bolsa de Nueva York, Richard Grasso, peregrinó en su día al campamento de (a) Raúl Reyes, con el cual mantuvo una calurosa reunión”. Según el abogado, Remedios García no ha hecho otra cosa que mantener “comunicaciones con los responsables de relaciones internacionales de las FARC en el marco de su trabajo de contribución a la resolución del conflicto colombiano y a los esfuerzos de aplicación del D.I.H. a dicho contexto.”
En cuanto al dinero trasladado a Europa en la cantidad de 6.000 dólares, el documento del defensor señala que “efectivamente le entregaron un dinero en su visita al campamento para que se lo hiciera llegar a una persona en Suiza -refugiado colombiano y no “representante de las FARC en Suiza como ha desmentido convenientemente el gobierno suizo- que se encontraba gravemente enferma, que debía operarse y que al carecer de seguridad social debía hacer frente al pago de la operación. Nuestra patrocinada, por tanto, actuó como hubiera hecho cualquier persona de bien, esto es, hacer llegar a un enfermo la cantidad necesaria de dinero para hacer frente a la operación, esto es, hacer frente a un estado de necesidad, sin imaginar que ese hecho podría desencadenar la detención y la puesta a disposición por un presunto delito de colaboración con banda armada”.
Santiago concluye que Remedios García ”no ha colaborado ni ayudado, ni favorecido en forma alguna a ninguna organización terrorista. A juicio de esta parte, no existe ningún hecho que revistan los caracteres de delito y todos y cada uno de los hechos contenidos en el auto”. Tampoco –añade- ”existe ningún elemento, ni indiciario ni probatorio que acredite que nuestra mandante es responsable penalmente por los hechos que se le imputan. Se le imputa un posible delito de colaboración con banda armada, y desde que fue detenida hasta que fue puesta en libertad bajo el apercibimiento de fianza, no pasaron ni 48 horas, no se le aplicó la legislación especial para detenidos por delitos terroristas y todos y cada uno de los elementos de prueba que fundamentan la acusación han sido primero explicados y corregidos por nuestra mandante y posteriormente impugnados en derecho en el presente recurso”.
Santiago también ha recordado que, según el CINEP, organismo de derechos humanos colombiano dependiente de la Compañía de Jesús, “del total de 1.670 violaciones del Derecho Internacional Humanitario reportadas en 2.007, 858 se imputan a organismos oficiales dependientes del estado colombiano (fuerzas armadas y cuerpos policiales), 5 a agentes extranjeros, 39 a combatientes sin identificar, 580 a paramilitares, 8 al ELN, 176 a las FARC y 4 a “guerrilla” sin especificar”. Por lo cual “se verifica que con mucho el mayor violador del D.I.H. en Colombia es el propio estado, seguido de organizaciones paramilitares de extrema derecha y seguido por las FARC y el ELN”.
También destaca el abogado “la vinculación entre los grupos paramilitares y el Estado colombiano lo muestra el escándalo de la parapolítica, tal y como se confirma por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la Organización de los Estados Americanos, en su octavo informe trimestral publicado en febrero de 2008, al identificar 22 nuevas estructuras compuestas por aproximadamente 3.000 integrantes; en el periodo de 12 meses concluido en junio de 2007, al menos 230 homicidios de civiles se atribuyeron a los paramilitares, ya fuera actuando por su cuenta o en connivencia con fuerzas de seguridad”.
Rebelión
El abogado Enrique Santiago ha detallado a lo largo de más de 30 folios, a los que ha tenido acceso rebelión.org, los argumentos en los que basa su recurso de apelación dirigido a la Audiencia Nacional española contra la orden de detención dictada contra la técnico de cooperación Remedios García, la ciudadana española acusada de pertenecer a la guerrilla colombiana de las FARC.
En opinión de Enrique Santiago, es “carente de sentido y del todo desproporcionado, incluso desmotivado, dicho siempre en estrictos términos de defensa, la imposición de prisión preventiva eludible bajo fianza de 12.000 euros”.
Para Santiago “todos y cada uno de los elementos probatorios enunciados en el auto carecen de validez jurídica y devienen inhábiles por tratarse de una obtención de prueba ilegal, viciada en su origen al proceder de unos supuestos ordenadores de (a) Raúl Reyes respecto a los cuales no se conoce nada de su cadena de custodia hasta 10 días después de permanecer en poder de las autoridades colombianas”.
Enrique Santiago destaca que “las circunstancias en las que presuntamente se obtuvieron los elementos informáticos aparecen hechos que necesitan ser investigados: violación del espacio aéreo ecuatoriano, violación territorial, violación a los derechos humanos de los prisioneros y ejecución de heridos y prisioneros de manera extrajudicial. Debe de investigarse, por tanto, las posibles violaciones al derecho internacional y a las Convenciones de Ginebra”.
Otro elemento controvertido es la calificación judicial de organización terrorista a las FARC, recuerda el abogado que, “para considerar los tribunales españoles a las FARC como organización terrorista, será necesario que previamente un tribunal español haya establecido en sentencia firme dicho carácter de organización terrorista, lo que a fecha de hoy no ha ocurrido. Este ha sido el criterio mantenido por otros tribunales penales europeos, como es el caso de Dinamarca, donde se han juzgado delitos de colaboración con banda armada respecto a las FARC, presuntamente realizadas por personas simpatizantes de dicha organización en territorio de Dinamarca, absolviendo a los mismos de cualquier delito relacionado con el terrorismo. Y no lo es, porque si bien las FARC están incluidas en dicha lista de la U.E., ni siquiera esa consideración es seguida unánimemente por los distintos países miembros Así, las FARC no están incluidas en la lista de organizaciones terroristas que realiza y aplica el Reino Unido, ni lo están en la lista de organizaciones terroristas de las Naciones Unidas. La lista de organizaciones terroristas de la U.E. no tiene apoyo unánime en todos los países de la U.E. El gobierno noruego manifestó en 2006 que dicha lista no se va a utilizar, no va a apoyarse en ella en ningún caso”.
Respecto a los viajes de Remedios García a los campamentos donde se encontraba la llamada Comisión Internacional, el informe destaca la paradoja de que en junio del año 2.000 "se organizó en la localidad madrileña de Alcalá de Henares un encuentro entre representantes del gobierno colombiano y las FARC, encuentro organizado por la ONG OSPAAAL, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Universidad de esta ciudad", en el que Remedios “fue una de las principales responsables de la organización de dicho encuentro, desde su responsabilidad como técnico en resolución de conflictos en la ONG mencionada”.
No solamente esto, es que “los responsables de la FARC, y concretamente (a) Raúl Reyes, fueron recibidas en el Parlamento español por los portavoces de todos los grupos parlamentarios, incluido el señor Javier Ruipérez, en ese momento responsable de asuntos internacionales del grupo Parlamentario del PP en el gobierno. Previamente, en febrero de 2.000 otra delegación de las FARC, también encabezada por (a) Raúl Reyes había realizado otra gira por nuestro país y otros europeos. En una u otra visita, los representantes de las FARC fueron recibidos por los gobiernos de España, Noruega, Suiza, Suecia, El Vaticano e Italia. En nuestro país se reunieron públicamente, además de los encuentros parlamentarios ya mencionados, con representantes de la CEOE, de UGT, de CCOO y con el Presidente el Congreso, Don Federico Trillo Figueroa”.
“Mención especial –recuerda Santiago- merece la visita de (a) Raúl Reyes a la Generalitat Valenciana, encabezada en ese momento por el Sr D. Eduardo Zaplana, donde fueron recibidos con todos los honores por el gobierno autonómico en pleno”.
“Posteriormente –continúa el documento-, en Colombia en febrero de 2.002 tres candidatos presidenciales (Horacio Serpa, Ingrid Betancourt y Luís Eduardo Garzón) acudieron en medio de la campaña electoral presidencia al campamento de (a) Raúl Reyes para mantener reuniones con él. Y hasta el Presidente de la Bolsa de Nueva York, Richard Grasso, peregrinó en su día al campamento de (a) Raúl Reyes, con el cual mantuvo una calurosa reunión”. Según el abogado, Remedios García no ha hecho otra cosa que mantener “comunicaciones con los responsables de relaciones internacionales de las FARC en el marco de su trabajo de contribución a la resolución del conflicto colombiano y a los esfuerzos de aplicación del D.I.H. a dicho contexto.”
En cuanto al dinero trasladado a Europa en la cantidad de 6.000 dólares, el documento del defensor señala que “efectivamente le entregaron un dinero en su visita al campamento para que se lo hiciera llegar a una persona en Suiza -refugiado colombiano y no “representante de las FARC en Suiza como ha desmentido convenientemente el gobierno suizo- que se encontraba gravemente enferma, que debía operarse y que al carecer de seguridad social debía hacer frente al pago de la operación. Nuestra patrocinada, por tanto, actuó como hubiera hecho cualquier persona de bien, esto es, hacer llegar a un enfermo la cantidad necesaria de dinero para hacer frente a la operación, esto es, hacer frente a un estado de necesidad, sin imaginar que ese hecho podría desencadenar la detención y la puesta a disposición por un presunto delito de colaboración con banda armada”.
Santiago concluye que Remedios García ”no ha colaborado ni ayudado, ni favorecido en forma alguna a ninguna organización terrorista. A juicio de esta parte, no existe ningún hecho que revistan los caracteres de delito y todos y cada uno de los hechos contenidos en el auto”. Tampoco –añade- ”existe ningún elemento, ni indiciario ni probatorio que acredite que nuestra mandante es responsable penalmente por los hechos que se le imputan. Se le imputa un posible delito de colaboración con banda armada, y desde que fue detenida hasta que fue puesta en libertad bajo el apercibimiento de fianza, no pasaron ni 48 horas, no se le aplicó la legislación especial para detenidos por delitos terroristas y todos y cada uno de los elementos de prueba que fundamentan la acusación han sido primero explicados y corregidos por nuestra mandante y posteriormente impugnados en derecho en el presente recurso”.
Santiago también ha recordado que, según el CINEP, organismo de derechos humanos colombiano dependiente de la Compañía de Jesús, “del total de 1.670 violaciones del Derecho Internacional Humanitario reportadas en 2.007, 858 se imputan a organismos oficiales dependientes del estado colombiano (fuerzas armadas y cuerpos policiales), 5 a agentes extranjeros, 39 a combatientes sin identificar, 580 a paramilitares, 8 al ELN, 176 a las FARC y 4 a “guerrilla” sin especificar”. Por lo cual “se verifica que con mucho el mayor violador del D.I.H. en Colombia es el propio estado, seguido de organizaciones paramilitares de extrema derecha y seguido por las FARC y el ELN”.
También destaca el abogado “la vinculación entre los grupos paramilitares y el Estado colombiano lo muestra el escándalo de la parapolítica, tal y como se confirma por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la Organización de los Estados Americanos, en su octavo informe trimestral publicado en febrero de 2008, al identificar 22 nuevas estructuras compuestas por aproximadamente 3.000 integrantes; en el periodo de 12 meses concluido en junio de 2007, al menos 230 homicidios de civiles se atribuyeron a los paramilitares, ya fuera actuando por su cuenta o en connivencia con fuerzas de seguridad”.
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